viernes, 30 de julio de 2010

Ocupación militar yanqui a Costa Rica























Costa Rica estrecha su vinculación a la estrategia geopolítica nortamericana
Laura Chinchilla queda reducida a administradora colonial


por Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social

El 8 de mayo del 2003, el entonces representante de Comercio Exterior de EE. UU. Robert Zoellick, pronunció un discurso en el Institute of International Economies, Washington D.C. en el que expresó lo siguiente: “… los países que buscan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos deben cumplir más que criterios económicos y de comercio, si pretenden ser elegibles. Como mínimo, estos países deben cooperar con los Estados Unidos en su política exterior y en sus metas de seguridad nacional, (…)”. (Cfr: “Zoellick says FTA candidates must support U.S. foreign policy”, Trade Watch, May 16, 2003).
Robert B. Zoellick, actual director del Banco Mundial, fue también el número dos del Departamento de Estado en la administración Bush II. Es el teórico y estratega del uso de los acuerdos económicos multilaterales parciales como medio de acabar con el consenso en el seno de las organizaciones internacionales.
Para Zoellick, el libre comercio no es un ideal sino un arma para destruir las economías dirigidas o planificadas y privatizar los servicios públicos. Nada debe obstaculizar la construcción de un mundo unipolar, el expansionismo económico estadounidense y la globalización.
Transcurridos 2 años y 8 meses de la imposición del TLC en Costa Rica, la misma coalición política que apoyó el tratado, autorizó el 1ero de julio, el ingreso al país de 46 buques de guerra, 200 helicópteros, 7 mil marines, portaviones, submarinos y 10 aviones de combate Harriet, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1 de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas estadounidenses salgan de Costa Rica a finales del 2010 y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente nula.
Así, la administración la Laura Chinchilla otorgó carta blanca a los Estados Unidos para que ocupen militarmente el primer país latinoamericano que abolió el ejército en 1948.
El Comando Sur estadounidense gozará además de inmunidad para “disponer de una total libertad de movimiento y el derecho de realizar cualquier actividad que considere necesaria para llevar a cabo su misión”, según establece el acuerdo. Y por si fuera poco, Costa Rica renuncia a presentar cualquier reclamo por daños, pérdidas o destrucciones, lesiones o muertes que puedan surgir de las operaciones.
No cabe duda de que esta decisión deriva de los compromisos adquiridos en el capítulo de seguridad del Tratado de Libre Comercio, firmado por el ex presidente Oscar Arias en octubre de 2007 y se inscribe dentro del proceso geopolítico estadounidense que le asegure Latinoamérica como su traspatio y fuente de recursos naturales, especialmente energía (petróleo-gas).
La conformación de este espacio militar le permite, en un futuro mediato, la penetración a profundidad de todo el territorio de América latina (especialmente Venezuela dada su riqueza en petróleo y gas).
Una gigantesca base militar centroamericana
La ocupación militar del territorio costarricense se suma a la instalación un centro de radares en el aeropuerto militar de El Salvador, la reapertura de 8 bases militares en Panamá, la inaugarión en abril último de una base en el hondureño departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, en la que el gobierno norteamericano invirtió dos millones de dólares. La instalación militar está bajo coordinación de la Fuerza Naval de Honduras, pero es asesorada por oficiales del Comando Sur del ejército estadounidense.
Estados Unidos cuenta desde 1983 con la base aérea de Palmerola, en el central departamento de Comayagua, Honduras, donde fue conducido inicialmente el presidente Manuel Zelaya tras el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009. Allí posee fuerzas de infantería y aeronaves.
La ocupación militar de Centroamérica se auna a las bases en Colombia, Guyana, Puerto Rico, Haití y el despliegue de la IV flota.
Ocupación militar y represión
Pero con la apátrida decisión de sumar a Costa Rica a la estrategia geopolítica norteamericana, no termina la cosa. Con el apoyo de medios de comunicación, la administración Chinchilla inauguró su gestión alentando la campaña tendiente de criminalización de la protesta social con la que se despidió el nobel de la paz, Oscar Arias.
Cualquier manifestación de inconformidad por parte de de sindicatos, estudiantes y comunidades organizadas con las recetas neoliberales de privatizar y expoliar los recursos naturales, ha sido reprimida con desproporcionada violencia.
Varias manifestaciones pacíficas han sido infiltradas por elementos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, controlada por el Ministerio de la Presidencia, para provocar disturbios y justificar la represión que luego es aplaudida por los medios comerciales de información propiedad del capital nacional y transnacional.
Una de las principales víctimas de la violencia policial ha sido la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con sindicatos como el de trabajadores portuarios del Caribe, que ha librado una batalla en contra de la privatización de los puertos.
El encono de la derecha costarricense contra el principal centro de educación superior de carácter público, está relacionado con la oposición que el Consejo Universitario y la Rectora han ejercido en contra del modelo neoliberal en el país, el saqueo de los recursos naturales, el despojo del agua a comunidades en beneficio de mega proyectos turísticos y la expansión inmisericorde del monocultivo de la piña.

El punto más álgido de la represión contra la universidad fue el 12 de abril, cuando el campus fue capitalino fue intervenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) so pretexto de apresar a un funcionario universitario corrupto.

Estados Unidos se prepara para estrenar la autorización del Congreso con el atraque de un buque en el caribeño puerto de Limón el 20 de agosto.
Se trata del USS Iowa Jima, un portahelicópteros de 257 metros de largo perteneciente a la Fuerza Naval de los Estados Unidos, que prestará “servicios humanitarios” como parte del programa llamado Promesa Continua 2010.
En el barco vienen seis helicópteros H-46 para transportar suministros, ropa, agua y hasta ositos de peluches, según el documento enviado por la Embajada, que advirtió la ausencia de los aviones de combate Harrier.